PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA REVISIÓN Y FINALIZACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT)
El WFP está presente en República Dominicana desde 1967 creando resiliencia, mejorando el estado nutricional de poblaciones vulnerables, apoyando y fortaleciendo a los productores e instituciones gubernamentales para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. La República Dominicana, debido a su ubicación geográfica en el Caribe, enfrenta múltiples riesgos de desastres. La implementación de un Sistema de Alerta Temprana Multirriesgo (SATM) no solo es vital para proteger vidas y propiedades ante desastres, sino que también promueve la resiliencia y el bienestar de la población. Junto a MEPyD, se ha estado acompañando en el proceso de la elaboración de una política pública sobre el sistema de alerta temprana nacional. La política propuesta, respaldada por un análisis exhaustivo y la participación de múltiples partes interesadas, aborda la diversidad de riesgos del país y establece objetivos específicos para su gestión efectiva. Destaca la necesidad de una gobernanza sólida, la capacitación continua del personal y la colaboración interinstitucional para garantizar la eficacia del sistema. Además, reconoce la importancia de la financiación sostenible y la evaluación constante para mantener la relevancia y la eficiencia del SATM a lo largo del tiempo. La implementación de esta política es esencial para fortalecer la preparación y respuesta ante desastres en la República Dominicana, asegurando así la seguridad y el bienestar de su población.
Dada la importancia de este documento, es necesaria la contratación de un consultor/a especializado en políticas públicas para la revisión y finalización de la política nacional de Sistemas de Alerta Temprana (SAT), para garantizar la precisión, claridad y coherencia del documento. Este experto/a ajustará los indicadores y metas para que sean relevantes y viables, alineados con las estrategias nacionales e internacionales. Facilitará la validación gubernamental, asegurando la participación de todas las entidades relevantes y cerrando brechas que puedan impedir su implementación.